Datos Generales del investigacion:
Encargado: Rocha Torrez Fidel Marcos(Ver datos personales)
Fecha de inicio:
03 Sep 2007
Fecha de finalización:
01 Abr 2008
Contenido del investigacion:
“La otra cara de la ciudad jardín”
Segregación socio espacial, vulnerabilidad de los asentamientos humanos informales e inserción en el entorno rural en la ciudad de Cochabamba.
Conclusiones
La segregación social y espacial en el municipio y la región tiene múltiples dimensiones y causas interconectadas que, sin embargo, están siendo analizadas de manera aislada. En la presente investigación se procuró visualizar las que permiten mirar el lado opuesto de la “ciudad jardín”, ciertamente muy vinculadas a los problemas con el acceso al suelo y sus diferentes implicancias. Esta es una de las razones más importantes para haber decidido enfatizar en los distritos 9 y 13, pues ambos condensan los principales problemas del municipio y los intereses de varios sectores individuales y organizados, incluso, con trascendencia intermunicipal, por ejemplo, en relación al abastecimiento de agua y la demanda que proviene de estos distritos. El agua está movilizando intereses de actores antes ajenos a la discusión y que ahora deben ser tomados en cuenta para el análisis de los problemas y sus posibles soluciones, es más, la demanda de participación proviene del ellos mismos y los espacios para su inclusión aún no son suficientes.
Todo ocurre en el suelo y así han comprendido quienes se dedican al loteo y a la inversión inmobiliaria, tanto a la compra – venta de lotes como a la construcción de viviendas. Estos operadores están obteniendo grandes ganancias de esta actividad que poco incluye al Gobierno Municipal y a la colectividad de modo que tienen el control irrestricto sobre el suelo, amparados por la naturaleza de la propiedad privada y el poder de la presión social según el tipo de suelo implicado. El Gobierno Municipal no participa del control porque no tiene instrumentos específicos para tal propósito, puesto que las normativas urbanas vigentes, primero que son urbanas y segundo que son extemporáneas para la actual dinámica del territorio que tiene como característica principal haber superado las fronteras urbano – rurales, en consecuencia, haber alcanzado intereses intermunicipales.
El operador inmobiliario actúa donde existe disponibilidad de suelo y en el municipio se concentra en los distritos 9 y 13 que no son urbanizables, en menor proporción existe suelo vacante en otras zonas dispersas en la ciudad dentro el perímetro urbanizable, sin embargo, se trata de una disponibilidad restringida a la población de estratos medios – altos y altos por sus elevados precios. A diferencia del Gobierno Municipal, estos operadores poseen los mejores bancos de tierras, particularmente los denominados loteadores “piratas” o ilegales puesto que han acaparado la mayor parte del suelo existente en el distrito 9, cuya superficie asciende al 47% del municipio; por tanto, controlan y deciden en esta proporción sobre el desarrollo urbano considerando que todo el distrito está siendo loteado. A este porcentaje se añade el suelo fraccionado en el distrito 13, sin embargo no lo anotamos porque no existen datos fidedignos que demuestren la superficie loteada.
Investigaciones anteriores llegaron a la conclusión que la intensidad del loteo en zonas como el distrito 9, se debía a las restricciones para urbanizar por su condición de reservorio agrícola para el municipio. Si bien estas conclusiones descubrieron parte de las estrategias de los loteadores, ahora solo el Gobierno Municipal sigue considerando ilegal la urbanización en esta parte del territorio municipal, puesto que es donde ocurren las principales implantaciones urbanas promovidas por la misma población y donde se originan la mayor parte de solicitudes para urbanizar y regularizar urbanizaciones y construcciones tal como demostraron técnicos de la unidad de Planeamiento del Gobierno Municipal a tiempo de exponer en un evento público la propuesta de Política Municipal de Vivienda (abril 2008). Al parecer esta ilegalidad sostenida en el tiempo contradictoriamente a la dinámica urbana, ha limitado las posibilidades del Gobierno Municipal para intervenir en esta parte del municipio, ya que el control ejercitado por los operadores del loteo se ha sobrepuesto a toda norma y se sostiene en grandes grupos poblacionales demandantes de suelo y vivienda, que no tienen oportunidad de acceder a un lote en las áreas urbanas debido a sus precios inaccesibles. Al final, todos dan por hecho la urbanización del distrito 9, por cuanto el Gobierno Municipal debería reorientar sus políticas municipales hacía esta parte del territorio, con la perspectiva de desplegar gradualmente control y recuperar el suelo aún disponible en la otra mitad de la ciudad.
La ausencia o presencia incipiente del Gobierno Municipal es evidente en todo el municipio en lo concerniente al suelo y su comercialización, pues frente a la creciente demanda de vivienda localizada en población de medianos y escasos recursos económicos, existe sobre oferta de vivienda cara en edificios y condominios en áreas de “alta renta”. La exclusividad de esta oferta está determinando que muchas de estas viviendas estén desocupadas por tiempos indefinidos, visibilizando la rentabilidad que permite el negocio inmobiliario solo para particulares y el dominio de la especulación en este contexto, porque la propiedad privada permite retenciones prolongadas e indefinidas de suelo al no existir regulación que controle la especulación.
Estos extremos están develando la inequidad en el acceso a suelo, pero al mismo tiempo develan patrones comunes en cuanto a los operadores inmobiliarios de uno y otro contexto. Básicamente ambos son loteadores y desarrollan emprendimientos urbanos, por tanto son actores que deberían ser considerados de igual forma si el Gobierno Municipal opta por intervenir en el territorio para controlar el acceso al suelo. Por otro lado, la diferencia radica en la legalidad del suelo donde se opera y las formas de operar, no obstante en ambas hay algo de formalidad e informalidad al mismo tiempo; por ejemplo, en la compra – venta de suelo en las áreas urbanizables las partes acuerdan precios ficticios para la formalidad de los documentos, muy inferiores a los montos reales para reducir el impuesto a la transferencia.
Los volúmenes cuantiosos de capital que moviliza el mercado inmobiliario tampoco conocen la diferencia entre los contextos, en un caso está mejor visibilizado porque gran parte de la oferta está en la prensa escrita, en otro la celeridad de las transacciones y versatilidad de los operadores no permite conocer datos fidedignos. En todo caso, siendo parcial el carácter de la información disponible públicamente, también es parcial el conocimiento del Gobierno Municipal sobre la magnitud de estas operaciones inmobiliarias, por tanto no se sabe cuanto pierde el municipio y lo que podría recuperar en plusvalías.
Al final, todo el suelo en el territorio municipal tiene un valor de cambio, incluso donde existe actividad agrícola, de modo que no se encuentra explicación válida al cobro del impuesto predial basado en la declaración jurada. Esta modalidad ha transferido el poder sobre este recurso al propietario y a los loteadores y ciertamente es factor de inequidad tributaria en este caso, porque se trata del suelo donde opera con mayor intensidad el mercado inmobiliario y en esta medida deberían ser definidos los impuestos. Entonces, adicionalmente a las ganancias que obtienen los loteadores su beneficio se amplía con un impuesto que indiscutiblemente desconoce la dinámica en el territorio.
El escenario es desfavorable para la colectividad en vista de los beneficios particulares incluso promovidos por el Gobierno Municipal. Con estos incentivos los loteadores ejercen presión sobre los campesinos propietarios obligándolos a vender sus tierras a precios muy bajos, muchas veces con la intermediación del cuerpo dirigencial del sindicato con quienes establecen acuerdos previos, de esta manera es que los mejores bancos de tierras están en manos de estos operadores inmobiliarios. Al respecto, es diferente la actuación del sindicato que la del campesino que decide actuar solo pese a pertenecer al sindicato; cuando un loteador trabaja con esta organización campesina los beneficios son para los dirigentes y el loteador, razón por la que algunos campesinos están decidiendo vender apresuradamente sus tierras antes que perderlas. Existen algunos asentamientos en el distrito 9 cuyos dirigentes negociaron directamente con los campesinos y así pudieron comprar suelo a precios accesibles, línea que indica al Gobierno Municipal una alternativa para acceder a suelo ante la apertura de algunos propietarios, quienes ya reconocen las estrategias fraudulentas de los loteadores para despojarlos de sus tierras.
Las necesidades emergentes de la dinámica en el territorio han originado o permitido la evolución de las organizaciones sociales. La estrategia del Estado por crear una nueva forma de relacionamiento con la sociedad, demandó la descentralización administrativa a nivel de los gobiernos municipales a través de la Ley de Participación Popular, a su vez la creación de las OTB, como una forma igualitaria de distribución del presupuesto en busca de una mejor distribución de los recursos públicos. Esto provocó un activismo social dando como resultado inmediato la fragmentación de la demanda social hacia una competencia entre los territorios por porciones del presupuesto municipal. Estos recursos de Coparticipación Tributaria no llegan a todas las organizaciones territoriales de igual forma, ampliando la creciente desigualdad entre territorios. Las posibilidades de administrar los insuficientes recursos de las OTB’s descarta la posibilidad de planificar su escaso recurso en proyectos de magnitud según necesidades apremiantes, porque sobrepasan su presupuesto. Esta desigualdad y competencia por el presupuesto entre las organizaciones territoriales logró generar la desintegración de los habitantes ampliando la segregación de los territorios.
En las periferias las más próximas a ser OTB son las juntas vecinales por la existencia de necesidades colectivas que relacionan a los vecinos en un proceso de búsqueda de mejoras. Si bien la junta vecinal se articula a la estructura urbana de la ciudad, no se articula a la estructura administrativa de la municipalidad, condición fundamental que motiva a la junta vecinal para adquirir la Personalidad Jurídica que les permite ejercer un ejercicio de poder e independencia en la toma de decisiones administrativas y organizacionales e integrarse a la estructura administrativa. Los Asentamientos irregulares tampoco descartan esta vía para adquirir legalidad, al ser aceptados como OTB podrían ser aceptados como asentamientos regulares.
A las organizaciones vecinales en los distritos 9 y 13 las podemos calificar como “movimientos colectivos”, por la capacidad de movilización de las masas en torno a un objetivo centralizado. Se hace visible la figura de los dirigentes como representantes legítimos elegidos por la población, en algunos casos estos actores abusan de la ingenuidad de la población aprovechando la necesidad de gestión a sus problemas más inmediatos. Sin embargo, los dirigentes se mueven en “redes” arraigadas y condicionadas al clientelismo político, permitiendo el intercambio de favores entre los dirigentes y las autoridades de la administración pública y política, ampliando la dependencia de la población hacia los dirigentes. La presencia del clientelismo político amplia los conflictos entre la planificación y las obras por designación política, dando como resultado fragmentos de proyectos no planificados.
Adquirir un terreno en los distritos 9 y 13 es tan solo el inicio de una serie de complicaciones ante condiciones diversas que impiden al acceso a servicios básicos y públicos, obligando a la población a la búsqueda de soluciones autogestionarias. Nuevamente se acentúa la comparación con los territorios donde los servicios básicos llegan por intervención de la municipalidad, mientras que en los territorios segregados al extremo norte y sur son los habitantes quienes tiene que buscar soluciones alternativas a través de iniciativas colectivas.
Esta lucha de los habitantes relega a segundo plano las preocupaciones ambientales ante la negligencia municipal frente a la situación en los distritos de los extremos norte y sur. Es claro que este proceso de asentamientos origino un distanciamiento entre el hombre y la naturaleza, haciendo del agua un recurso esencial pero al mismo tiempo escaso y peligroso para la salud. Por un lado, el vertedero de basura en K’ara K’ara que no cuenta con celdas impermeabilizadas, no tiene un sistema de recuperación y tratamiento de lixiviados y gases, contamina drásticamente las aguas y suelos de la cuenca baja donde se encuentran los pozos de agua para consumo humano. Por otro lado, las piscinas de tratamiento de aguas servidas de SEMAPA localizadas en Albarrancho, cuyas capacidades reducidas han ocasionado el desborde de las aguas excedentes y son utilizadas para riego en la zona de La Maica; las aguas han trascendido sus límites y están contaminando no solo el suelo y el aire, también las fuentes de aprovisionamiento de agua.
El acceso al agua es un recurso que todavía es utilizado como perfil de propuestas políticas, así como el “Plan de Expansión” de agua al Sur del municipio (propuesta de SEMAPA, impulsada desde el gobierno central) todavía no claro para los habitantes del sur. Así, la mayoría de los habitantes seguirán dependiendo por mucho tiempo de los sistemas alternativos de agua que requieren fuertes inversiones económicas en la perforación de pozos profundos, que no siempre satisfacen la demanda por la ausencia de criterios técnicos para su perforación. Para aquellos habitantes que no pueden afiliarse a algún sistema alternativo, continuarán proveyéndose de los camiones cisternas que venden agua por volumen a precios más caros que en el resto del municipio. Esto sin contar la calidad del agua que no tiene ningún control y la forma de almacenamiento en turriles que es la adecuada, por el desarrollo de bacterias y la acumulación de tóxicos.
La pronunciada falta de acceso a los servicios básicos y servicios públicos, la crítica situación ambiental y por ultimo la administración publica negligente y burocrática del municipio de Cochabamba, que ha dividido a la ciudad en dos partes: una la que cuenta con todos los servicios y la otra donde no se tiene ni siquiera la seguridad de que podrán habitar una ciudad que se construye gracias a la otra, permite a la población de los distritos del sur fortalecer la iniciativa de crear una nueva Sección Municipal que en el proyecto se denomina “Municipio del Sur”. Está idea fue apoyada por las organizaciones territoriales en un cabildo del 21 de agosto del 2006 que permitió además la identificación de dirigentes y organizaciones que fueron trascendentales en la movilización y convocatoria. Sin embargo, es también evidente el interés político que se origina desde los dirigentes sin dejar de lado al Gobierno Municipal y a la Prefectura de Cochabamba.
En el extremo norte, es decir en el distrito 13, los suelos son cada vez más impermeables afectando la recarga de las capas freáticas. A su vez las autoridades no pudieron impedir el avance de los asentamientos irregulares hacia el Parque Nacional Tunari que se asentaron precisamente en las zonas de recarga acuífera. Resalta el importante el rol de las comunidades campesinas indígenas de la cordillera que desarrollaron sistemas de gestión del reservorio de agua para la ciudad al margen de la intervención del Estado, emprendimiento que debería ser parte de las políticaa para una gestión integral y equitativa del agua, sobre todo porque no se conoce con precisión el volumen de agua aún disponible para la ciudad, ni el estado de los recursos hídricos de Cochabamba.
Uno de los riesgos y retos de la gestión urbana concierne a la integración de la ciudad y su entorno rural. En efecto, la conciliación entre los intereses de la ciudad y los derechos de los campesinos, hoy fortalecidos en sus reivindicaciones por el nuevo texto político y legal de su jurisdicción y de la región, es esencial para su aprovisionamiento en agua. La cordillera del Tunari constituye un importante reservorio para este recurso, a su vez el aprovisionamiento de agua es la mayor reivindicación de los “citadinos” de los asentamientos del sur, cuyas movilizaciones se concentran en la extensión de las redes matrices y la construcción de mega-tanques a cargo de SEMAPA. Sin embargo esa captación de agua hasta ahora no se hizo a través de acuerdos equitativos y estables con los “criadores del agua”
Mientras las soluciones para el abastecimiento de los servicios básicos no son perceptibles, las familias que no cuentan con los servicios de SEMAPA particularmente, remplazan esta ausencia organizándose en sistemas alternativos (Comités, Sindicatos, Asociaciones y Cooperativas de Agua), algunas afiliadas a ASICASUR, en medio de algunas tierras productivas que demandan agua para riego. Es notorio el juego político que se manipula por el control del servicio o del acceso a este recurso, candidatos a la Presidencia, la Prefectura y Municipalidades, han utilizado esta estrategia política como argumento para sus campañas “desde tiempos inmemoriales”. (Misicuni, Corani y últimamente Qhewiña Qhucha en la Cordillera de Sacaba). Mientras, sigue la interrogante: ¿Cuándo habrá agua en Cochabamba?, con una respuesta aún incontestable.
De manera más general, la politización del debate se refleja ante todo en las propuestas, mejor calificadas de promesas, para la resolución de los problemas de agua en el municipio. En 1987 la propuesta seleccionada fue Misicuni que en veinte años de existencia apenas se concluyó la construcción de la primera fase. Los embalses artificiales tienen una duración limitada de vida, alrededor de cincuenta años, mientras su fortaleza de ser un proyecto “productivo y rentable” por su componente agrícola queda cada vez al margen de lo real. Debemos advertir tres cosas: Primero, frente al acelerado crecimiento urbano de las últimas décadas el Proyecto Misicuni se orienta cada vez más hacia un proyecto de suministro de agua potable para uso doméstico y urbano. Segundo, los análisis se basan en la hipótesis de “granjas-modelo” que están totalmente en contradicción con la realidad de los sistemas de producción de los Valles de Cochabamba (fincas de tamaño reducido, gran sensibilidad de los agricultores a las variaciones de precios y a los cambios climáticos). Tercero, a pesar de que el logro mayor de la “Guerra del Agua” haya sido la cancelación de la alza de las tarifas de agua, no se volvió a cuestionar la hipótesis del estudio de factibilidad que permitirá financiar parte de las obras del proyecto.
Mientras se discute un proyecto dirigido para la ciudad de Cochabamba, existe poca información acerca de las zonas afectadas de manera indirecta por las obras del proyecto Misicuni, no se tiene un conocimiento preciso de las condiciones de vida de las comunidades campesinas y sobre todo de sus modalidades de gestión del territorio y de sus recursos naturales, sin las cuales es imposible evaluar el impacto de obras de semejante magnitud, es decir, el problema no se relaciona solamente a una escasez de agua. Las personas que viven “arriba” (en la cordillera) ejercen una presión sobre los recursos naturales, donde se busca fortalecer y dar a conocer el rol de las comunidades campesinas en un escenario no reconocido: en una gestión sostenible y equitativa del recurso agua, siendo una visión diferente de la relación entre las actividades humanas y la preservación de los ecosistemas. Por consiguiente, el buen uso, o mal uso del agua en la cordillera determina su disponibilidad y calidad en la ciudad. En la perspectiva de negociación entre la empresa Misicuni, los consumidores de agua, los “criadores” de agua y las diferentes instancias del Estado, es necesario identificar, evaluar, cuantificar y calificar las consecuencias de las obras y de las sucesivas represas en la forma de vida y sus actividades agropecuarias. Es entonces que los habitantes de la Cordillera y el Estado estarán en condiciones de proponer medidas de compensación acordadas, adaptadas y justas, así como acciones que les permitan seguir asegurando el flujo del agua.
Por fin, al parecer la Ley de Participación Popular también tiene otro rostro según su impacto en el territorio, tal como es apropiada y aprovechada por la población dio paso al acuerdo político y éste se convirtió en instrumento que impulsa un tipo de desarrollo urbano incomunicado y excluido, que no permite a la población, organizaciones y entidades mirar todo el municipio, solo la OTB o el sindicato y sus obras urbanas, en consecuencia también está impulsando la urbanización de todo el territorio. Un personaje que destaca es el dirigente, porque esta labor cívica se ha convertido en una “especialidad” que ha superado los alcances políticos propios de este actor, ahora no solo representa a la población también decide sobre el desarrollo urbano y asume roles paralelos según la profundidad de los acuerdos políticos con el Gobierno Municipal; solo para recordar, en la Comuna Itocta del distrito 9 son funcionarios públicos dirigentes “comunarios” vinculados al loteo, ascensión ciertamente conseguida gracias al desempeño como dirigente.
Se vincula la inequidad de la inversión pública que es repartida por población y no por necesidades, motivo para la recurrencia de obras de renovación urbana y el acumulado de recursos porque no se tienen necesidades mayores en un caso; y en otro, múltiples necesidades y recursos insuficientes que permiten al político del Gobierno Municipal invertir recursos públicos como si fueran suyos y la población así también lo interpreta. Gracias a la inversión pública se han acentuado y creado nuevos lazos de dependencia y lealtad al político, como una manera de expresar el reconocimiento por la inversión; a su vez, la relación de dependencia también ocurre entre la población y el dirigente.
Las actuaciones aisladas y excluidas dominan en el territorio, pues es evidente la desconexión entre las diferentes entidades y organizaciones cuyas acciones afectan o contribuyen para su transformación. No existe una visión integral ni el discernimiento suficiente de las interrelaciones entre los diferentes procesos urbano – rurales y sus actores, a esto se debe la fragmentación física y social. En este sentido, pensamos que con la investigación hemos logrado iniciar la reflexión compartida entre los de “arriba” (campesinos de la cordillera) y los de “abajo” (citadinos) y visualizar parte de sus intereses en torno a una necesidad muy sentida como es el acceso a agua suficiente y de calidad para consumo humano. Es un inicio, ya que los campesinos de la cordillera que creen ser propietarios de este recurso y habían pensado una gestión aislada, reconocieron desconocer el problema del agua en la ciudad, la existencia de familias que aún se dedican a actividades pecuarias y la necesidad de explorar más estas interrelaciones no muy visibles. De esta manera consideramos que la investigación, en los hechos, tuvo una incidencia directa en algunos los actores y haber aportado para un crecimiento urbano socialmente diversificado.
Lista de Archivos del investigacion:
Información adicional del investigacion:
- TALLER 11 DE FEBRERO
Fecha de modificación:
17 Jun 2008
Descripción: “La otra cara de la ciudad jardín”
Segregación socio espacial, vulnerabilidad de los asentamientos humanos informales e inserción en el entorno rural en la ciudad de Cochabamba.
TALLER: FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE LINEAMIENTOS EN POLÍTICAS DE AGUA
(Cochabamba, 11 de Febrero de 2008)
El proyecto de investigación que estamos desarrollando apunta a los retos que conlleva el crecimiento de la ciudad de Cochabamba y pretende brindar lineamientos para la elaboración de políticas urbanísticas incluyentes. El trabajo está centrado en los Distritos 9 y 13, zonas de mayor crecimiento urbano en las últimas décadas. Enfoca en primer lugar el acceso a los lotes urbanos, a través de un análisis del mercado del suelo (oferta formal, informal y regularizada, elaboración de los precios). Analiza luego la creación de plus-valías en las nuevas zonas urbanas, considerando la recaudación de impuestos y las inversiones municipales. En tercer lugar, se busca entender los recursos económicos y organizativos que permiten a las organizaciones vecinales dotarse de servicios. Por último, se contempla el papel de las comunidades campesinas de la Cordillera del Tunari en el abastecimiento en agua de la ciudad y las necesidades inmediatas de este suministro de los distritos del Sur del municipio de Cochabamba.
Con respecto a este último punto, uno de los riesgos y retos de la gestión urbana concierne la integración de la ciudad en su entorno rural. En efecto, la conciliación entre los intereses de la ciudad y los derechos de los campesinos – hoy fortalecidos en sus reivindicaciones por el nuevo contexto político y legal – de su jurisdicción y de la región es esencial para su aprovisionamiento en agua. La Cordillera del Tunari constituye un importante reservorio de este recurso. SEMAPA, a través de la concesión obtenida sobre las lagunas de Escalerani, en el municipio de Tiquipaya, ya distribuye parte de las aguas de la Cordillera a Cochabamba. La ampliación del perímetro del Parque Tunari a toda la zona cordillerana, en 1995, tenía como justificación la necesidad de crear las condiciones para una buena gestión del agua en la zona y de esta forma suplir las necesidades de la ciudad. Por otra parte, la construcción de una represa de agua, en el marco del Proyecto Misicuni, debería permitir el desvío de los caudales naturales de agua en provecho del valle central de Cochabamba. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas considera las comunidades campesinas que viven en la Cordillera. A su vez, el aprovisionamiento de agua es la mayor reivindicación de los “citadinos” de los asentamientos del Sur (distritos 7, 8, 9 y 14 del municipio de Cochabamba). Las movilizaciones actuales de los vecinos se concentran en la extensión de las redes matrices y la construcción de macro-tanques en el Sur por SEMAPA. Sin embargo, esa captación de agua hasta ahora no se hizo a través de acuerdos equitativos y estables con los “criadores del agua”.
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